30 años promoviendo la democracia en el mundo

octubre 15 03:22 2020

Cuando en 1989 cayó el Muro de Berlín los Estados que llevaban décadas al otro lado necesitaban instrumentos que cubrieran el vacío institucional que seguía al derrumbe de los regímenes comunistas. Una de las necesidades más urgentes e importantes era establecer ordenamientos jurídicos sólidos para sostener sus transiciones a la democracia, sobre los valores democráticos y constitucionales. Comenzaba así su andadura, en el seno del Consejo de Europa y de la mano del jurista italiano Antonio La Pergola, la Comisión para la Democracia a través del Derecho.

La conocida como Comisión de Venecia fue protagonista de la tercera ola del constitucionalismo europeo, que venía a asumir el legado de las dos anteriores (finales los años cuarenta: Italia y Alemania; y años setenta: Grecia, Portugal y España): constituciones normativas y rígidas, el Estado de Derecho, la soberanía popular y la democracia representativa, el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales, el pluralismo político y la libertad religiosa, la separación de poderes, la independencia judicial, la instauración de Tribunales Constitucionales y cláusulas de apertura e integración en organizaciones supranacionales, particularmente la Unión Europea.

Pronto se revelaría como un instrumento clave para la creación de estándares internacionales para la tutela y promoción de los derechos humanos, la democracia constitucional, la separación de poderes y la justicia constitucional. La Comisión de Venecia ha contribuido a la creación de un sistema de reglas y principios jurídicos transnacionales en países que aspiran a compartir un patrimonio constitucional común.

Hoy goza de prestigio internacional como institución comprometida con la promoción de los valores y principios democráticos, que brinda su apoyo a instituciones nacionales e internacionales que lo requieran. Su labor se extiende mucho más allá de las realidades políticas que propiciaron su origen y responde a nuevas amenazas que, lejos de desaparecer, encuentran a día de hoy, en contextos populistas y neoautoritarios, nuevas manifestaciones.

Sus opiniones e informes, que no son vinculantes, se han hecho un hueco en la consideración y aprecio por parte de instituciones políticas y jurídicas, y de este modo se han convertido en referencia imprescindible ante reformas constitucionales y legislativas, así como apoyo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y otros tribunales estatales.

Sus opiniones e informes, que no son vinculantes, se han hecho un hueco en la consideración y aprecio por parte de instituciones políticas y jurídicas, y de este modo se han convertido en referencia imprescindible ante reformas constitucionales y legislativas, así como apoyo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y otros tribunales estatales.

Su labor se concentra en asesorar la elaboración de constituciones, reformas constitucionales o la tarea legislativa de los países miembros, en la actualidad sesenta y dos, que incluye también a Estados de Norte e Iberoamérica, África del Norte y Asia Central y del Este, así como de otros países que solicitan asistencia. Para hacerlo busca el equilibrio entre particularidad y universalidad y también lleva a cabo la sistematización de buenas prácticas de los Estados en relación con sus temas centrales. Así, ha emitido códigos de buenas prácticas en materia electoral o de referéndum, los principios referentes a la institución del Defensor del Pueblo o los criterios de verificación sobre el Estado de Derecho o sobre la oposición parlamentaria en las democracias.

Sus opiniones e informes, que no son vinculantes, se han hecho un hueco en la consideración y aprecio por parte de instituciones políticas y jurídicas, y de este modo se han convertido en referencia imprescindible ante reformas constitucionales y legislativas, así como apoyo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y otros tribunales estatales.

España ha estado presente desde los orígenes de la Comisión ya que fue uno de los dieciocho Estados fundadores y desde entonces ha contribuido ininterrumpidamente, a través de sus miembros, en los trabajos de la misma. Con la expansión de las actividades de la Comisión a Iberoamérica, ha adquirido mayor protagonismo con la participación en las opiniones sobre la Asamblea constituyente en Venezuela o la limitación de mandatos presidenciales y otros cargos electivos. Desde un punto de vista doctrinal, la Comisión de Venecia tiene cada vez mayor influencia entre nosotros. Sus opiniones e informes empiezan a ser de obligada referencia cuando se trata de abordar cuestiones complejas como son los poderes de ejecución del Tribunal Constitucional o los límites que la Constitución impone a la celebración de referéndums.

Se pone así de manifiesto la aportación de la Comisión al patrimonio constitucional común que une a todos los Estados democráticos y que justifica su creciente influencia en instituciones internacionales: las actuaciones de la Comisión Europea para frenar los nuevos populismos en Hungría y Polonia se fundamentan en las opiniones de la Comisión de Venecia sobre los retrocesos del Estado de Derecho en ambos países. Asimismo, más de cien sentencias del TEDH utilizan sus informes.

La Comisión de Venecia tiene por delante seguir afianzando y expandiendo los valores que están en el corazón del Consejo de Europa: la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales, como viene haciendo desde su fundación en 1990 hasta el día de hoy, bajo la presidencia de Gianni Buquicchio. En esta tarea seguirá teniendo a España, miembro activo del Consejo de Europa y de la comunidad iberoamericana, como partícipe dispuesto y leal.

Josep María Castellà, Paloma Biglino y Rafael Rubio son miembros por España de la Comisión de Venecia

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