Andorra investigará si el Gobierno de Rajoy presionó al BPA para que facilitara información sobre el «procés»

Andorra investigará si el Gobierno de Rajoy presionó al BPA para que facilitara información sobre el «procés»
octubre 14 03:19 2020

La justicia andorrana investigará si el Gobierno de Mariano Rajoy y su cúpula en el Ministerio de Interior presionó a la Banca Privada de Andorra (BPA) para obtener información bancaria de políticos catalanes durante el procés, a raíz de la querella del Instituto de Derechos Humanos de Andorra y del colectivo de juristas Drets.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe este martes, la Batllia d’Andorra, órgano judicial similar a la Audiencia Nacional española con competencias para dirigir las diligencias, acuerda admitir a trámite la querella presentada por las citadas entidades, que se dirige contra Rajoy, los exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez y el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó.

El juez andorrano considera que la querella, presentada por los delitos de coacciones, amenazas, extorsión, chantaje y falsedad documental, expone unos hechos que «pueden ser constitutivos de responsabilidad penal y de los que se puede derivar una responsabilidad civil». Por ese motivo, estima procedente admitirla a trámite para su investigación y remite las pesquisas a la Presidencia de la Batllia.

La causa se deriva de la querella que presentó el Instituto de Derechos Humanos de Andorra y el colectivo de juristas independentistas Drets contra Rajoy y la cúpula del Ministerio de Interior en la etapa de Fernández Díaz, por enviar supuestamente a miembros de la policía a presionar a responsables del BPA para lograr información de cuentas bancarias de políticos catalanes, entre ellos el expresidente autonómico Artur Mas, el líder de ERC Oriol Junqueras y la familia Pujol.

La denuncia sostiene que el Gobierno español habría extorsionado a los responsables del BPA, amenazándoles con forzar el cierre de la entidad y de su filial española Banco Madrid, ambos ya clausurados, si no facilitaban la información exigida.

Según los querellantes, el Gobierno de Rajoy envió supuestamente información falsa sobre BPA a la oficina de control de delitos financieros de Estados Unidos, al tiempo que «intimidaba» al Gobierno andorrano y a sus ministros en una visita oficial al Principado de Andorra en enero de 2015, para precipitar el cierre de la entidad.

El Instituto de Derechos Humanos de Andorra y la asociación Drets presentaron la ampliación de querella para «dar continuidad» a las investigaciones realizadas contra los cuatro policías españoles que presuntamente presionaron a BPA para lograr los datos bancarios de Mas, Junqueras y los Pujol, en la denominada Operación Cataluña.

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