El Congreso deroga el decreto que requisaba los ahorros de los ayuntamientos

El Congreso deroga el decreto que requisaba los ahorros de los ayuntamientos
noviembre 19 06:20 2020

La rebelión de los alcaldes le ha torcido el brazo al Gobierno. El Congreso de los Diputados ha asestado este mediodía la primera derrota parlamentaria al Ejecutivo de coalición al tumbar el Real Decreto-Ley que preveía confiscar el superávit de los ayuntamientos.

El Ejecutivo se ha quedado solo completamente solo y la votación ha arrojado un total de 193 votos en contra (todos los partidos de la oposición), frente a solo 156 a favor (PSOE y Unidas Podemos). El hemiciclo ha estallado en una largo aplauso al anunciar la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el resultado de la votación.

Se trata de la segunda derrota para PSOE y Unidas Podemos después de que la Cámara Baja derrotara en julio las recomendaciones sociales que ambos socios impulsaron en el seno de la Comisión para la Reconstrucción.

Ni la última oferta remitida ayer por el ministerio de Hacienda a los grupos parlamentarios para modificar el reparto de los 5.000 millones a fondo perdido y suspender temporalmente la aplicación de la regla de gasto, ni el mensaje de que no habrá un nuevo decreto si éste no sale adelante hicieron modificar la posición de ninguno de los grupos de la oposición.

De este modo, esta mañana unirán fuerzas grupos tan dispares como PP, VOX, Cs, PNV, JxCat, Bildu o ERC. Lo que sí ha logrado evitar la coalición es el desgarro de Unidas Podemos en la votación. Su confluencia catalana, Los Comunes, amenazaban hasta ayer por la tarde con votar en contra del decreto. Finalmente, fuentes de la formación morada aseguran esta mañana que votarán a favor.El debate ha comenzado esta mañana a las nueve de la mañana con la intervención de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha insistido en que no planteará un nuevo decreto para buscar otra fórmula que permita a los ayuntamientos hacer uso de su remanente. Según ha dicho, no existe ninguna otra fórmula jurídica que sea compatible con la Constitución y con la Ley de Estabilidad, y ha advertido que tendrán que ser ahora los grupos parlamentarios los que impulsen en el Congreso una nueva reforma. Una vía de tramitación larga que requiere una proposición de ley mientras un nuevo real decreto-ley entraría en vigor con carácter inmediato tras su aprobación en el Consejo de Ministros. Desde el PRC hasta CC han recordado a Montero que el camino que existe es la reforma del artículo 135 de la Constitución y de la Ley de Estabilidad para permitir que los ayuntamientos gasten sus remanente. Una modificación que, a su juicio, sería apoyada por unanimidad.

La oposición se ha mostrado unánime al pedir al Gobierno un nuevo camino que permita dar oxígeno a las entidades locales. Y el diputado de JxCat Ferrán Bel recordó como en los dos últimos precedentes de decretos derogados, los respectivos gobiernos redactaron nuevas normas que presentaron y fueron aprobadas por la Cámara.

Sin embargo, Montero ha insistido en que «es hoy y es ahora», enmarcando el fracaso del decreto en la confrontación política y la lucha partidista, y no en la falta de diálogo. Según ha asegurado, Hacienda ha estado negociando «hasta la extenuación». Una afirmación que rechazó el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, acusando al Gobierno de buscar más el «chantaje» que el diálogo.

La misma denuncia fue expresada por la mayoría de las fuerzas de la Cámara, incluyendo a un socio tan leal al Gobierno como Nueva Canarias, cuyo portavoz Pedro Quevedo, ha explicado que se ha visto «obligado» a votar que «no» esta mañana, tras intentar sin éxito hablar con Hacienda durante las últimas semanas y estar esperando ayer hasta última hora de la noche una llamada de este ministerio para negociar. La portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, también quiso dejar claro que el Gobierno no llamó a su grupo para negociar. A su juicio «porque yo le hubiera dicho que usted es una chantajista, que falta a la verdad y a la que le sobra soberbia».

En la misma idea de que Hacienda no ha intentado negociar sino coaccionar a los grupos para que apoyaran el decreto coincidió también otro socio del Gobierno, EH Bildu. Su portavoz, Mertxe Aizpurua, ha acusado, además, a Montero de conculcar la autonomía de los ayuntamientos y redactar un decreto que no esa otra cosa que «un sinsentido» inasumible.

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