El Ministerio de Justicia ya ha enviado al Tribunal Supremo la documentación sobre indultos a presos del 1-O

El Ministerio de Justicia ya ha enviado al Tribunal Supremo la documentación sobre indultos a presos del 1-O
octubre 16 08:18 2020

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado que su ministerio ha enviado al Tribunal Supremo (TS) la documentación sobre las peticiones de indulto de los condenados por el 1-O, y el tribunal realizará su informe una vez haya oído la valoración de la Fiscalía y la de Instituciones Penitenciarias. Según Campo, la entrega de los informes por parte de su ministerio se llevó a cabo el pasado lunes 28 de septiembre.

“Cuando el expediente regrese al Ministerio de Justicia se hará una propuesta denegatoria o positiva al Consejo de Ministros, que tendrá la última palabra”, ha explicado en una entrevista concedida a ‘La Vanguardia’ este domingo.

Al preguntársele si concedería el indulto en contra del criterio del TS y de la Fiscalía, Juan Carlos Campo ha preferido respetar los plazos que ahora se inician: “Sería un desprecio intolerable que un ministro de Justicia se pronunciara antes de que se cumpla la entrega de esos informes preceptivos. Y debo añadir que es una decisión del Consejo de Ministros”.

De este modo, los plazos a seguir dependerán de la valoración de la Fiscalía, Instituciones Penitenciarias y el pronunciamiento del Supremo. Una vez presentados sus respectivos informes, las peticiones de indulto volverán a Justicia y pasarán por el Consejo de Ministros. 

Entre la admisión a trámite y la decisión final, según ha explicado, pasan de seis a ocho meses, por lo que “iría muy justo en los términos de media” contar con que la petición esté resuelta a principios de febrero, coincidiendo con unas posibles elecciones en Catalunya.

Campo ha reiterado que “el ministro de Justicia no puede dejar de tramitar los indultos porque estaría prevaricando“, y ha explicado que, teniendo en cuanta la trascendencia de los afectados, lo que le pareció más oportuno fue comunicar en el Congreso que se empezaba a tramitar la petición.

A finales de septiembre, el ministro aprovechaba una pregunta de la diputada de JxCat, Laura Borrás, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso para anunciar que se iniciaría el trámite para los indultos de los doce condenados en el juicio del procés

La mayoría de las peticiones de indulto que se tramitan en el país no superan el proceso. El año pasado se tramitaron 4.022 indultos y se concedieron 39, el 0,97%. La cifra fue aún inferior en 2018, cuando se otorgaron sólo 17 indultos de los 4.382 tramitados.

Reforma del delito de sedición

Sobre una reforma del delito de sedición, ha sostenido que es “un compromiso del Gobierno llevar a cabo la modificación del Código Penal para adecuar las figuras delictivas contra la Constitución y contra el orden público” a la realidad actual y al marco normativo de la Unión Europea.

“El delito de sedición es un delito decimonónico, que se incorpora a nuestro ordenamiento hace casi doscientos años. No podemos tener un Código Penal fuera de la realidad de los países de nuestro entorno”, ha sostenido.

Renovación del CGPJ

En su entrevista a ‘La Vanguardia’, Campo también ha lamentado que no se haya renovado el mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expirado el de cinco años que prevé la Constitución: “Después de dos años de demora, creo que la situación no hace falta ni calificarla. Algo está pasando ahí“.

“Cuando el Consejo después de dos años sigue haciendo nombramientos, el ciudadano tiene que preguntarse cosas y no deben gustarle muchas conclusiones a las que llega, y yo participo de ellas”, y ha dicho que corresponde al PP clarificar el porqué.

Sobre una posible reforma para renovar el CGPJ sin tener que llegar a las mayorías en la actual norma, ha dicho que el Ejecutivo promueve cambios legales para mejorar el ordenamiento jurídico y que estudia “la conveniencia de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para encontrar fórmulas que permitan asegurar el funcionamiento de las instituciones conforme al mandato constitucional”.

En todo caso, ha descartado que los nombramientos efectuados por el actual CGPJ con el mandato caducado puedan ser reversibles, porque “el Gobierno quiere reformar le ley del Poder Judicial, pero no va a tomar esa medida”.

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