En torno a las críticas sobre la integración Caixabank-Bankia

octubre 12 09:18 2020

Entre las críticas a la operación entre Caixabank y Bankia destacan, sobre todo, las de los independentistas catalanes y los extremistas de Podemos (y asimilados). Lo primero que pienso es que, si quienes están en mis antípodas rabian, algo bueno debe haber. Les escuece, a unos, que una entidad de origen catalán, a la que empujaron hacia Valencia, tenga su propio camino. Y, a los otros, que no podrán «jugar» a la banca pública. Pero, para disimular, ambos recurren a otros argumentos, aunque en realidad les importen poco.

Argumentos que se pueden resumir en: menor competencia, creación de un banco demasiado grande, mucha reducción de empleados, adiós a un banco público y no recuperación del dinero inyectado.

La crítica más consistente de todas ellas es la primera. Desde luego, el grado de concentración avanza, e incluso no se detendrá aquí, porque hay una cierta tendencia hacia el oligopolio. Pero quizás la clave esté en la existencia o no de barreras de entrada. Y está claro que, en los segmentos más rentables, hay un número creciente de participantes. Vamos hacia un sector con pocas grandes entidades, pero acompañadas de otras varias especializadas. Y la amenaza de las grandes tecnológicas. Creo que, si hubiera beneficios excesivos (nada más lejos de la realidad actual), entrarían más jugadores. En cualquier caso, creo que CBK-BKIA hará cierres y desinversiones selectivas, geográficas o en negocios, voluntarios y quizás exigidos.

Se aduce que se crea un banco «too big to fail» que, en caso de rescate, podría costar mucho al Estado. Para situarnos, conviene precisar que el nuevo banco integrado tendrá unos activos del orden del 40% de los del Santander y menos también que el BBVA. En cualquier caso, las economías de escala en banca existen, y más con la digitalización. No podemos ir contra la racionalidad, aunque sí disminuir riesgos. Por eso, tras la última crisis, existen normas acordadas internacionalmente que exigen colchones de capital adicionales y capacidad de absorción de pérdidas a las entidades grandes y sistémicas.

Habrá un importante recorte de plantilla, aunque me ha resultado sorprendente la favorable opinión sindical sobre la operación (que algunos atribuyen a que prefieren buenas condiciones de baja que defender el empleo). Es inevitable, porque el sector financiero muestra exceso de capacidad, las redes de oficinas están aún sobredimensionadas y, además, la capacidad de generar ingresos se ha reducido. Asegurar el futuro exige ser competitivos y mejorar las ratios de eficiencia. Además, el perfil del empleado bancario va cambiando. Lo que sí que resulta poco oportuno es que esto ocurra en medio de la pandemia que tanto ha afectado ya al empleo.

Podemos tiene «fijación» con la banca pública como única propuesta a la compleja configuración de un sistema financiero eficiente al servicio de las empresas y ciudadanos. Es verdad que en algunos países existen algunas entidades de este tipo, aunque provienen del pasado y no siempre están debidamente gestionadas. Se menciona a Alemania, pero ese no es un buen ejemplo de eficiencia bancaria. Aquí ya tuvimos las Cajas, invadidas de intereses políticos… ¿Queremos una segunda edición del fiasco? Una entidad como la que querría Podemos, adicional al ICO, que otorgase crédito con criterios políticos, es absolutamente rechazable.

La última queja es que hay que recuperar todo el importe que el Estado inyectó. O que la nueva entidad garantice ese retorno. Evidentemente, de ilusión también se vive. El Estado entró en el capital de Bankia porque su quiebra hubiera sido mucho peor, con mayor coste para el contribuyente y para la economía española, que hubiera quedado excluida de los mercados. Fue una buena inversión, con independencia de lo que se recupere. Por otra parte, Bankia, o la nueva entidad, no tienen ninguna deuda con el Estado, sino éste acciones. Y no se puede tratar preferentemente a un accionista respecto a otros. Los bancos valen poco porque ganan poco, pero al menos la integración genera valor para el Estado. Una vez consumada creo que se debería desinvertir en un plazo razonable. Porque no tiene sentido mantener mucho tiempo esa participación, como si se jugase a la Bolsa, cuando hay mejores destinos para el dinero público. Y no gusta en Bruselas ni al BCE, ni a los mercados.

En definitiva, creo que la operación es conveniente para la estabilidad del sistema financiero y sus ventajas superan a los inconvenientes. La nueva entidad podrá así ser más competitiva ante un futuro difícil. Aunque, eso sí, debería pensar en diversificar su actividad y no estar tan concentrada en el mercado ibérico.

Carmelo Tajadura es economista

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