Instrucciones antiokupas: desalojos inmediatos ante delitos flagrantes y protección a los más vulnerables

Instrucciones antiokupas: desalojos inmediatos ante delitos flagrantes y protección a los más vulnerables
noviembre 12 14:20 2020

El fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles ha despertado una gran alarma social y está desencadenando graves problemas de seguridad ciudadana. El Estado busca una respuesta coordinada, por lo que el Ministerio Fiscal ha elaborado un nuevo protocolo de actuación, que este jueves ha ratificado el Secretario de Estado de Seguridad,Rafael Pérez Ruiz. 

Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ya tienen las instrucciones, que permitirán agilizar los trámites para desalojar a las personas que cometan estos delitos de forma flagrante. Sea el domicilio habitual del dueño o una segunda residencia. Esa es una de las principales novedades. 

“En el Código Penal, la respuesta es distinta dependiendo de si el inmueble constituye o no la morada de su titular. Pero, en base a la jurisprudencia en la materia, la instrucción del Ministerio del Interior subraya que tanto la primera como la segunda residencia deben considerarse moradas, aunque el morador sólo pase en la vivienda determinadas  épocas del año, como fines de semana o vacaciones”. Por eso deben contar  con la misma protección legal. 

En ambos supuestos se aplican los artículos 202 y siguientes del Código Penal que recogen el delito de allanamiento. El texto señala que se trata de un delito doloso, de simple actividad y de carácter permanente. Siguiendo el nuevo protocolo, los agentes podrán identificar, desalojar o detener a los okupas  directamente si detectan un delito flagrante, sin necesidad de solicitar medidas judiciales.

Delito flagrante

La Constitución Española de 1978 (CE) establece como derechos fundamentales de todas las personas el derecho a la libertad, a la seguridad (artículo 17 CE) y a la inviolabilidad del domicilio (artículo 18.2 CE), por lo que no está permitido que los agentes accedan a un domicilio o lo registren sin el consentimiento del titular o una  resolución judicial, siempre y cuando no se hubiera cometido en su interior un delito flagrante.

Por otro lado recoge el derecho de los ciudadanos a la propiedad privada, prohibiendo que los mismos puedan ser privados de sus bienes y derechos sino es por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Los propietarios de estas viviendas ven violados estos derechos y además sufren unos perjuicios, pero sólo pueden esperar a que se resuelvan los procedimientos. El problema se extiende también los vecinos, que en muchos casos denuncian problemas de convivencia, deben compartir espacios comunes, presencian destrozos o sufren amenazas. Esta disposición intenta ofrecer una solución policial más integral y homogénea, ante las diferentes situaciones que se presentan.

El objetivo es proteger a las personas y los bienes jurídicos, así como el libre ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Pero sobretodo conseguir “la tranquilidad ciudadana, incluyendo un conjunto plural y diversificado de actuaciones, de distinta naturaleza y contenido”, dice literalmente el texto.

Supuestos de usurpación

El protocolo indica en cambio que si el inmueble ocupado no constituye morada, se aplicará el artículo 245 y siguientes del Código Penal, referidos a la usurpación. Los agentes podrán intervenir de forma inmediata, sin esperar medidas judiciales si se comete un delito flagrante. 

Si no es posible detectar la usurpación en el momento en el que se comete o no es posible desalojar el inmueble salvo con una previa autorización judicial, la víctima debe acreditar la propiedad y expresar su rechazo a dicha ocupación. Habrá que comprobar la ausencia de un título jurídico que legitime la presencia de los ocupantes, aunque sea de manera temporal.

Solo entonces será posible solicitar a la autoridad judicial la medida cautelar de desalojo prevista en el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Prevención y ayuda a las víctimas

El protocolo también incluye medidas para mejorar el atestado que el dueño del inmueble debe presentar en la administración de Justicia, para facilitar la resolución judicial del conflicto, la restauración y la reparación de los daños causados.

 Lo que persiguen principalmente son los grupos criminales que se dedican a la usurpación de viviendas con el fin de alquilarlas o vendérselas a terceros de manera fraudulenta. Van a reforzar las investigaciones de estos grupos y organizaciones delictivas.

 Colectivos vulnerables

En otros casos, se ha detectado que las personas que los ocupan se encuentran en situación de vulnerabilidad. Sin renunciar a la restitución a al dueño del inmueble, los agentes deberán ejercer su papel legal para desencadenar una respuesta ágil por parte de las entidades e instituciones sociales y asistenciales para tratar de paliar situaciones de especial fragilidad.

 Esto incluye anmenores de edad, personas con discapacidad, situaciones de indigencia o extrema necesidad. El protocolo también prevé medidas de colaboración y cooperación con las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal, los Cuerpos de Policía Local y con la Seguridad Privada. Asimismo, se establecen medidas de formación y orientación policial, y de seguimiento, coordinación y evaluación.

 El Ministerio Fiscal deberá encargarse de dar respuesta a esta problemática social y promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Determinará  criterios de actuación para solicitar medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles.

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