La Fiscalía se opone a la investigación de las 20 querellas contra el Gobierno por la gestión del COVID

La Fiscalía se opone a la investigación de las 20 querellas contra el  Gobierno por la gestión del COVID
noviembre 08 08:19 2020

La Fiscalía ha remitido un informe al Tribunal Supremo para que rechace la veintena de querellas interpuestas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia de coronavirus

El informe, que consta de 310 páginas, ha sido presentado este mismo martes por el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas. La Fiscalía ha estudiado todas las querellas de manera individualizada y en el informe, una a una, explica los motivos por los que considera que no hay indicios de delito.

Los delitos de los que se acusaba al Gobierno eran, principalmente delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo, homicidios y lesiones imprudentes, prevaricación administrativa y omisión del deber de socorro.

En cuanto a los querellantes, son: VOX, asociaciones como la de Abogados Cristianos, o HazteOir.org, algunas asociaciones de la Guardia Civil o de la Policía Municipal; el Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería de España, la  Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Asociación de Médicos Titulados Superiores, Central Sindical Independiente de Funcionarios (CESIF), Central Unitaria de Traballadoras (CUT) y Asociación Terra Sos-Tenible, así como diversos particulares, además de un colectivo de 3.268 personas.

A la mayoría de ellos, el fiscal Luis Navajas, les reprocha ser genéricos, no apuntar en qué hechos concretos ha delinquido el Gobierno o no en qué momento y por qué motivo se produjeron los contagios.  A continuación, reproducimos las claves de las querellas más significativa y la respuesta de la Fiscalía. 

Querellas y respuesta

  • Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL) presentó una querella contra los ministros de Sanidad e Interior por delitos contra los derechos de los trabajadores y cinco delitos de homicidio imprudente. 

    • La querella les acusaba de no suministrar material de protección y de clasificar a los agentes del cuerpo como personal de riesgo bajo. 
  • La Fiscalía responde que la querella es genérica y que en realidad se plantea una discrepancia con la actuación política desarrollada por los querellados, sin aportar pruebas sobre la conexión entre el riesgo y la actuación de los responsables políticos. 

    • Señala que la escasez de medios era notoria, que se le estaría exigiendo al Gobierno una conducta “imposible de realizar” y que por tanto, no hay diligencias que hacer. 
    • La Fiscalía tampoco cree que haya delito al adquirir los tests fallidos en China, algo que reprochaba la querella, porque la compra se realizó a través de una empresa española, con todos los permisos, y además los querellantes tampoco han aportado pruebas de que se utilizaran entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 
  • Abogados Cristianos contra Pedro Sánchez y seis de sus ministros por omisión del deber de socorro y prevaricación administrativa. 

    • La asociación denunciaba la falta de diligencia en la adopción de medidas de prevención epidemiológica y de tutela de la salud pública hasta que se aprobó el estado de alarma. Junto a eso, la querella señala que el Gobierno promovió manifestaciones como el “Día Internacional de la Mujer”, y que hubo desatención a los usuarios de las residencias geriátricas. 
  • La Fiscalía rechaza que el Gobierno eludiera socorrer a los ciudadanos y afea a Abogados Cristianos que se limita a hablar de una gestión “poco eficiente”; recuerda que antes del 14 de marzo, la garantía de la Salud Pública era cosa de las comunidades autónomas y que no había instrucciones de las autoridades internacionales sanitarias que obligaran a decretar antes el estado de alarma. 
  • El Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid se querelló contra todo el Consejo de Ministros por un delito de prevaricación administratriva. 
    • La querella se basaba en la no prohibición de las manifestaciones del 8 de marzo y la falta de dotación a los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local de los equipos de protección.
  • La Fiscalía vuelve a señalar la imposibilidad de adquirir material y rechaza la relación causa efecto entre el contagio y la acción del Gobierno. 

    • En cuanto al 8-M, el fiscal Navajas es tajante: “Los miembros del Gobierno no ostentaban competencias para prohibir las manifestaciones que se celebraron a lo largo y ancho de España”. En todo caso, las delegaciones del Gobierno pueden prohibir, porque las manifestaciones no se autorizan, se prohiben en caso de que sea necesario. 
  • Vox contra Sánchez y seis de sus ministros, por imprudencia grave con resultado de muerte o lesiones y por delito contra los derechos de los trabajadores.

    • El Partido de Abascal acusa al Gobierno de una larga lista de decisiones erróneas y punibles, según su punto de vista: mantener silencio sobre la pandemia y no suspender eventos; no asesorarse y constituir el comité de expertos muy tarde, el 23 de mayo; no aprovisionarse de material de protección, test o suministros sanitarios; movilizar tarde a la fuerzas de seguridad del estado; no preparar con antelación ningún protocolo ante un posible colapso; no disponer de medidas para el tratamiento funerario de los fallecidos; y ser negligente en la prevención y la corrección de las medidas para los ancianos, especialmente en las residencias de ancianos. 
  • La Fiscalía también reprocha a Vox lo genérico de sus acusaciones y vuelve a reproducir los argumentos expuestos en otras querellas: la falta de conexión o la ausencia de competencia por parte del Gobierno. 

    • El fiscal escribe en su informe que “se aprecia la imposibilidad de afirmar que, cuando menos con arreglo al actual estado de la ciencia, los querellados pudieran haber desarrollado actuación alguna que pudiera evitar los desgraciados efectos producidos por la pandemia generada por la COVID-1″. 
    • Además, Luis Navajas rechaza que el gobierno no tomara decisiones antes del 14 de marzo y desgrana las reuniones celebradas, protocolos establecidos a partir del 7 de enero o la creación del comité interministerial ante la amenaza para la salud pública. 
  • La familia de un fallecido contra el presidente y siete de sus ministros por imprudencia grave con resultado de muerte y o lesiones; prevaricación administrativa; y desobediencia a la autoridad (atribuida al vicepresidente Pablo Iglesias). 

    • Esta querella añade una añade una novedad con respecto a otras: que la situación creada por el Gobierno de España habría ocasionado lesiones psicológicas en un buen número de sanitarios, por tener que “elegir qué paciente vivirá y a cuál otro han de condenar a la muerte simplemente por no haber respiradores suficientes para todos”.
  • En lo que se refiere al acopio de material, como respiradores o a la convocatoria de las manifestaciones, la Fiscalía se remite a lo expuesto en otras causas. Sobre desobediencia de Iglesias, el fiscal no encuentra órdenes desobedecidas porque tampoco encuentra órdenes dadas. 

Así, suma y sigue, la Fiscalía rechaza que se investigue la veintena de querellas. Entre ellas había otra contra la ministra Teresa Ribera por un delito contra la integridad moral en una entrevista en la que hizo estas afirmaciones: “Portugal paró antes. Venía del este y ellos están un poco más al oeste, y entonces pudieron parar un poco antes. Allí ha habido un comportamiento por parte del conjunto de la sociedad y por parte de las fuerzas políticas mucho más compacto, de ayudarse.

El fiscal reprocha al querellante acusar a la ministra en base a sus propios juicios de valor como que Ribera ofendió a la sociedad “reaccionando ante la tragedia de la enfermedad y los fallecidos ‘como si fuera una alumna de preescolar'”. No sólo eso, el informe afirma que no tiene nada que ver con los delitos de odio en que se suelen enmarcar los ataques a la integridad moral, que además, es un concepto personal, y la ministra estaba haciendo declaraciones públicas, dirigidas a la sociedad. 

La querella de 3.268 personas tampoco es admisible, según la fiscalía

El informe se detiene en una de las querellas que más dieron que hablar, la que presentaron 3268 personas por la pérdida de 3.374 familiares como consecuencia del COVID y que está dirigida contra todo el Consejo de Ministros por homicidio imprudente.

El primer reproche del fiscal es que el colectivo viene a acusar al Gobierno, de ser el Gobierno, de detentar las responsabilidades del Ejecutivo,” suficiente al objeto de hacerles merecedores de reproche penal” sin aclarar las acciones supuestamente delictivas de sus miembros. 

La falta de competencias del Gobierno vuelve a estar en la respuesta de la Fiscalía General del Estado dirigida por Dolores Delgado. Ahora queda la decisión del Tribunal Supremo que ya tiene este informe en su poder.

  Categorias:
ver más artículos

Sobre el autor del artículo

el llanero solitario
el llanero solitario

Ver más artículos
Escribir un Comentario

0 Comentarios

¡Sin comentarios aún!

puedes ser el que iniciar una conversación.

Añadir un comentario