La Generalitat despacha la «semilibertad» de los presos separatistas por la vía rápida

La Generalitat despacha la «semilibertad» de los presos separatistas por la vía rápida
agosto 01 13:46 2020

Tenían un plazo de dos meses para avalar, o no, el tercer grado -«semilibertad»- que las cárceles catalanas propusieron para los presos independentistas, pero la Generalitat solo ha necesitado doce días. Doce días para dar el visto bueno a que los líderes del 1-O, condenados a penas de hasta 13 años de prisión por sedición, solo deban regresar a dormir a la cárcel de lunes a jueves, y que los fines de semana pernocten en casa. Un nuevo paso hacia la libertad de quienes los responsables de las cárceles catalanas -la Generalitat tiene la competencias en la gestión penitenciaria- consideran que son «presos políticos».

Los técnicos de las juntas de tratamiento de las cárceles donde los nueve líderes cumplen condena -Lledoners, Wad Ras (Barcelona) y Puig de les Basses (Gerona)- propusieron el pasado 2 de julio, por unanimidad, pasar a los líderes secesionistas del segundo grado -régimen ordinario-, en el que hasta ahora estaban clasificados, al tercero -«semilibertad»-. Ayer, el servicio de clasificación de la secretaría de medidas penales, dependiente de la Consejería de Justicia, lo certificó, algo que se daba por hecho, pues son escasas las ocasiones en que enmienda las propuestas de las juntas de tratamiento. Solo nueve meses después de que el Supremo dictase la sentencia del «procés», la Generalitat deja en «semilibertad» a Junqueras, Rull, Turull, Romeva, Forn, Forcadell, Bassa y los «Jordis».

Que los líderes secesionistas puedan beneficiarse de las ventajas del tercer grado será cuestión de pocos días, según explican fuentes penitenciarias. Una vez avalada la «semilibertad», su aplicación es inmediata. Solo falta que los centros penitenciarios comuniquen la fecha en que se materializa, los horarios a los que los reclusos estarán sujetos y, si es necesario, los cambios en las actividades que los líderes independentistas ya llevan a cabo fuera de las cárceles gracias a la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que les permite salidas casi diarias pese a estar en segundo grado.

Hoy todavía saldrán de la cárcel a sus quehaceres diarios por los beneficios del 100.2, pero es previsible que de cara al fin de semana lo hagan ya gracias al nuevo grado clasificatorio y por tanto duerman el sábado en casa.

Aunque la aplicación del tercer grado es automática, a la Fiscalía le queda la carta de recurrir esta decisión ante el juzgado de violencia penitenciaria. Fuentes del ministerio público explican que es probable que así lo hagan, después de que se hubiesen opuesto ya -por ahora, sin éxito alguno- a la aplicación del artículo 100.2 al considerar que no era otra cosa que un «tercer grado encubierto». El hipotético recurso habría de presentarlo ante el juzgado de vigilancia penitenciaria, y, en última instancia, acabaría en la mesa del Supremo, por haber sido el tribunal que los condenó. Esta es una diferencia sustancial respecto a los recursos contra el 100.2, que, en principio finalizarían su recorrido en la Audiencia de Barcelona. De todas formas solo una decisión judicial podría enmendar el tercer grado de los presos, que, entretanto, seguirán beneficiándose de la «semilibertad». Es decir, regresar a dormir a la prisión -o centro abierto- de lunes a jueves, pernoctar en casa los fines de semana y disponer de más días de permisos ordinarios a lo largo del año de los que disfrutaban hasta ahora con el segundo grado penitenciario.

La Consejería de Justicia defendió ayer que «las resoluciones son el resultado de un análisis individualizado», pero que, en todos los casos, han tenido en cuenta el comportamiento en prisión de los líderes independentistas, su participación en actividades dentro de la prisión, la colaboración que muestran con otros internos -y también con los trabajadores de las cárceles-, así como haber cumplido a raja tabla con las condiciones de los permisos que hasta ahora han disfrutado. También han tenido en cuenta, según informó ayer este departamento, que ninguno de los presos del 1-O cuenta con expedientes disciplinarios ni incumplimientos judiciales; que además disponen de una red social y familiar favorable a su rehabilitación. y que su pronóstico de reincidencia es bajo, siempre según los datos facilitados por la Consejería de Justicia, que pilota la republicana Ester Capella.

No es nueva la velocidad con la que la Generalitat avala ahora la «semilibertad» de los presos del «procés», ocho meses después de que el Supremo les condenase a penas de entre nueve y trece años de cárcel por sedición y malversación. La propuesta de este tercer grado para los presos secesionistas por parte de las juntas de tratamiento ya fue más rápido de lo que suele ser habitual para el común de los presos. Las estadísticas disponibles sobre la población reclusa no permite hacer una comparativa precisa, pero sí constatar que la concesión a los políticos ha sido más rápida que la media en cuanto al tiempo de cárcel cumplido en prisión hasta el tercer grado.

A velocidad de crucero se les había beneficiado también con la concesión del artículo 100.2 del reglamento penitenciario -tal y como publicó ABC en exclusiva-, con el que se les permitía salir casi a diario a trabajar, hacer actividades de voluntariado o cuidar de familiares, una serie de prerrogativas que ya les acercaban al tercer grado, ahora confirmado. Los datos a los que tuvo acceso este diario indicaban que cuando las juntas de tratamiento le concedieron el 100.2 a todos los presos del «procés» eran solo 120 los internos de las prisiones quienes lo disfrutaban, de un total de 6.500 clasificados en segundo grado, que podrían haber optado. Pero si su concesión ya era de por sí excepcional, lo fue también la rapidez con que se les aplicó: hasta diez veces más rápido que el resto de presos, si se toma como referencia la fecha en que se dictó la sentencia, el 14 de octubre de 2019 en el caso de los líderes independentistas condenados.

La consecución de este tercer grado cierra, de momento, la continua disputa entre ERC -responsable de las prisiones- y los posconvergentes a cuenta la gestión de la estancia carcelaria de los líderes independentistas. En esa perenne guerra interna del secesionismo, los republicanos fueron criticados por no haberse clasificado ya en tercer grado a los presos desde un primer momento, lo que, por otra parte, habría podido haber sido revisado por el Supremo -no así el 100.2, a menos en principio-. Desde el entorno posconvergente también se les criticó que, con la crisis del Covid, la Consejería se plegara a las advertencias del Supremo, que les avisó de que ejercería acciones contra los técnicos de las juntas de tratamieto si los dejaban libres durante la pandemia como medida para frenar contagios.

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