La ONU condena a España por no permitir a Rubén, un joven con síndrome de Down, una educación inclusiva

La ONU condena a España por no permitir a Rubén, un joven con síndrome de Down, una educación inclusiva
noviembre 19 14:18 2020

Han sido diez años de lucha. Una década entera en la que esta familia de León ha recurrido a todas las instancias judiciales, nacionales e internacionales, sin perder la esperanza. Ahora, una sentencia les da la razón, y no una cualquiera. El mismísimo Comité de Expertos de la ONU en Derechos Humanos confirma que España violó el derecho a la educación inclusiva de Rubén, con síndrome de Down, al enviarlo a un centro de educación especial, en contra de su deseo y del de sus padres. 

Naciones Unidas pide a nuestro país que admita al niño en un programa educativo inclusivo, que lo indemnice, que investigue sus denuncias de abuso y que elimine la segregación educativa. El Gobierno tiene seis meses de plazo para hacerlo. “Este dictamen pone fin a muchos años de hostigamiento, de persecución y de maltrato a nuestro hijo y a nuestra familia”, confiesa Alejandro Calleja, el padre de Rubén, la persona que con más ahínco ha defendido el derecho de su hijo a ser educado como los demás.

“Yo tengo dos hijos, uno discapacitado, otro no ¿Por qué Rubén no podía tener los mismos derechos que su hermano?”, se ha preguntado siempre Alejandro. Y su fe ciega en este premisa y su perseverancia le han llevado hasta esta victoria. “Es un hito, algo único que espero que sirva para ayudar a otras familias en la misma situación”, reconoce emocionado. 

El caso de Rubén

Rubén estudiaba en una escuela ordinaria de la ciudad de León. “Estuvo 8 años escolarizado en el colegio Gonzalo de Lama completamente integrado. Tenía el apoyo de un asistente de educación especial, y era feliz con sus compañeros y maestros, todo iba bien hasta el 2009”, explica su padre. “Cuando empezó cuarto de primaria llegó un profesor que dijo que no le quería en el aula, que solo quería niños normales, según su criterio, y a Rubén le rechazó desde el principio, más tarde nos enteramos de que le maltrataba”, añade. “Cuando fuimos a juicio las madres de sus compañeros contaron que los niños aseguraban que el profesor había intentado tirar a Rubén por la ventana de un segundo piso, que había querido agredirle con una silla, todo delante del resto de alumnos”, lamenta Alejandro.

“Al año siguiente, cuando Rubén empezó el quinto curso, la cosa fue de mal en peor. Su nuevo maestro no consideró necesario asignarle un asistente de educación especial y empezaron sus dificultades de aprendizaje”, cuenta. “Denunciamos lo que estaba sucediendo a las autoridades educativas y a la fiscalía de menores y en vez de investigar los hechos se elaboró un informe psicopedagógico en el que se quitaban a Rubén de enmedio”, asegura Alejandro. Ese informe escolar hablaba de “comportamiento perturbador”, de “brotes psicóticos” y de “retraso en el desarrollo asociado al síndrome de Down” de Rubén. En junio de 2011, la Dirección Provincial de Educación autorizaba la matriculación de Rubén en un centro de educación especial a pesar de la objeción de sus padres.

La odisea familiar

Los padres del joven, que se niegan a llevarlo a un centro de educación especial, impugnan sin éxito la orden de la autoridades educativas. “Y en ese momento la Fiscalía de Menores nos denuncia por no querer escolarizarle, que claro que queríamos, pero en el sitio correcto”, esgrime Alejandro.

Comienza ahí otra lucha judicial que ganan en el año 2016, pero en el que son acusados de abandono familiar y se exponen a cárcel, pérdida de la patria potestad, multa económica… “Fue un auténtico calvario, tuvimos hasta que recurrir a la Fiscalía General del Estado para que intercediera por nosotros y no se nos juzgara por algo así, cuando lo único que queríamos era el bien de nuestro hijo”, dice resignado. “Sufrimos, pero ganamos”.

Durante todo ese tiempo Rubén recibió clases en casa. “Con todo el coste que supuso para una familia normal como la nuestra. Nos tuvimos que quitar de muchas cosas para poder darle una buena educación, para que siguiera avanzando como los demás. Le pusimos un logopeda, un profesor de apoyo, lo que debía tener en la escuela normal. Ha supuesto un coste económico, emocional y psicológico enorme“.

Hace cuatro años Rubén fue escolarizado en un centro de educación especial de formación profesional, “donde está a punto de convertirse en administrativo”, relata su orgulloso padre. Ahora, esta sentencia obliga a darle una plaza en un centro inclusivo. Una nueva victoria que, a sus 21 años, percibe como un gran triunfo. “Lleva a mi lado luchando más de una década, sin claudicar nunca, defendiendo su dignidad, su derecho a educarse como los demás. Eso imprime carácter, y le convierte en un ser humano excepcional“. 

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