Los ecologistas denuncian al Gobierno ante el Supremo por incumplir sus obligaciones climáticas

Los ecologistas denuncian al Gobierno ante el Supremo por incumplir sus obligaciones climáticas
noviembre 08 18:48 2020

“Es un día muy importante al que no nos hubiera gustado tener que llegar. Hemos decidido demandar al Gobierno de España en la justicia para exigirle, por esa vía, que cumpla con sus obligaciones climáticas”. Lo anunciaba Mario Rodríguez, director de Greenpeace España, en una rueda de prensa conjunta con Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón.

“Es el primer litigio climático que se interpone contra el Gobierno de España“, asegura Lorena Ruíz-Huerta, abogada de Greenpeace España. “Ante la pasividad e los gobiernos, no nos queda más remedio que acudir a esta vía para obligar a cumplir. El Gobierno de España tenía que haber presentado un Plan de Energía y Clima, y una Estrategia a Largo Plazo”. Tenía una fecha límite para ello: el 31 de diciembre de 2019. No lo ha hecho.

Por ello, estas organizaciones han presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, en el que denuncian por inacción al Gobierno. Es una acción conjunta que califican de “histórica”. De momento, están pendientes de su admisión a trámite. “Si todo funcionase bien, antes de Navidad deberíamos estar emplazados para presentar la demanda”, explica Ruíz-Huerta.

Motivos de la denuncia

Los ecologistas denuncian un incumplimiento de los plazos y de los compromisos en reducción de emisiones. “El Gobierno está faltando al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París”, asegura Rodríguez.

Explica que siguen esperando la aprobación de ese Plan de Energía y Clima y de esa Estrategia, que ya están elaborados, y que además, “no van a cumplir con lo acordado en París”. “Vamos a intentar convencer al Supremo de que se está incumpliendo el Acuerdo de París”, asegura la abogada ecologista.

Porque los recortes de emisiones que se plantean en ambos documentos no son suficientes para cumplir con el límite de 1.5 grados de aumento de temperatura acordado. “El Plan debe comprometerse a una reducción de emisiones del 55% respecto a 1990 y a llegar a las cero emisiones en 2040. Ya no basta solo con palabras. La ley nos ampara. La política no nos puede fallar una vez más“, advierte Rodríguez.

Son conscientes de que es muy probable que cuando llegue la sentencia ya se hayan aprobado ambos, el Plan y la Estrategia. “Pero denunciamos además el incumplimiento del Acuerdo de París, y el objetivo de no superar los 1,5 grados es vinculante. España está obligado como firmante del acuerdo a alcanzar ése objetivo. Hay un problema de violación de derechos fundamentales si no hace todo lo posible para ello”, advierte la abogada ecologista.

Lo están haciendo mejor, pero no es suficiente

Creen los demandantes que los esfuerzos del actual Gobierno de España resultan “insuficientes” para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos, aunque reconocen que el ejecutivo de Pedro Sánchez es el que más está actuando en este asunto.

“El Gobierno actual acarrea las consecuencias de décadas de inacción contra el cambio climático por parte de sus antecesores. Es cierto que este lo está haciendo mejor, pero sigue siendo insuficiente”, confiesa la letrada de Greenpeace. El objetivo, por tanto, es conseguir que el Supremo les obligue a aumentar la ambición. 

Insisten en que España, además, tiene una responsabilidad histórica. “Ha estado emitiendo mucho más que los países de su entorno en las últimas décadas.Tiene un pasado de gran contaminante dentro de la UE. Se ha desarrollado mucho, pero lo ha hecho a costa de contaminar mucho, de emitir mucho CO2 a la atmósfera. Por eso, ahora le toca reducir mucho más sus emisiones”.

Denuncias similares en otros países

Este proceso judicial se suma a la lista de litigios climáticos presentados en todo el mundo en los últimos años. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, India o Nueva Zelanda son solo algunos de los países cuyos gobiernos se enfrentan a demandas por esta causa.

El caso más reciente es el de Holanda, donde la Fundación URGENDA ha logrado una histórica sentencia del Tribunal Supremo de ése país. Greenpeace explica que en ella, “se condena al ejecutivo por incumplir los compromisos adquiridos en relación con la mitigación climática, violando con ello los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras”.

El objetivo, aquí, es el mismo, aunque los ecologistas son conscientes de que, si la demanda prospera y ganan el litigio, sería una victoria más teórica que práctica. “En el maravilloso caso de que ganemos y el Supremo obligue al Gobierno a cumplir sus compromisos, son sentencias difíciles de ejecutar. Ahí le corresponderá a la ciudadanía presionar. Hay muchos intereses empresariales que van en contra de la protección de medio ambiente, habrá muchas presiones en ese sentido”, advierte Ruíz-Huerta.

En Holanda se ha conseguido una condena tras diez años de litigio, recuerdan, “pero ahora no tienen mecanismos para obligar al gobierno a ejecutar la sentencia. Solo lo puede hacer la presión social”. En ese sentido, reconocen que “sería un apoyo enorme que el Supremo diga que el Gobierno no esta haciendo lo suficiente, eso aumentaría mucho la presión pública”, confiesa Paco Segura, Coordinador de Ecologistas en Acción. “Estamos a tiempo de frenar la debacle que vendrá si no paramos el cambio climático”.

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