Sanidad, dispuesta a usar “herramientas legales” si es necesario, da 48 horas a Madrid para actuar

Sanidad, dispuesta a usar “herramientas legales” si es necesario, da 48 horas a Madrid para actuar
octubre 14 02:19 2020

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, decidió no dilatar su actuación. En la tarde del miércoles anunció que “en los próximos días” emitiría una orden ministerial para comunicar a la Comunidad de Madrid las restricciones contra el coronavirus que debe aplicar. Pero finalmente se hizo esa misma noche: a las 22:48, se envió esa orden a todas las comunidades via e-mail. 

Esto implica, según aclara este jueves el Ministerio de Sanidad, que las comunidades con municipios que cumplan los requisitos especificados en ese documento -más de 100.000 habitantes, una incidencia acumulada de covid de más de 500, una ocupación de camas de UCI superior al 35% y un índice de positivdad en las PCR del 10%- deben poner en marcha sus mecanismos legales para aplicar esas medidas inmediatamente. 

Es decir, en el ministerio asumen que ahora el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene 48 horas, es decir hasta el viernes a las 22:48, para trasponer estas medidas a su legislación autonómica. El departamento de Salvador Illa, además, está dispuesto a hacer lo necesario y a utilizar las herramientas legales necesarias para que se tomen medidas en Madrid, pero quieren agotar todas las vías antes de llegar a esa imposición, y esperan que Madrid actúe. 

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, estudia recurrir la Orden que ha notificado a las comunidades autónomas el Ministerio de Sanidad que restringe la movilidad en diez municipios madrileños, ya que considera que el “plan” del Gobierno central “destroza Madrid sin criterio”. Eso sí, ha anunciado que acatará la Orden mientras planta batalla legal. “Madrid no está en rebeldía. Por supuesto que voy a acatar las leyes y lo haremos de forma estricta”, ha afirmado la presidenta de la comunidad en la Asamblea de Madrid este jueves.

Argumentos legales de uno y otro

En un primer momento en la Comunidad de Madrid no consideraban que la Orden de Sanidad les obligue a nada porque aseguran que “no tiene validez jurídica”. Esgrimen la ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que en su capítulo diez, sobre el Consejo Interterritorial (el órgano que ayer aprobó el documento de medidas para las grandes ciudades), establece que: “Los acuerdos del Consejo se plasmarán a través de recomendaciones que se aprobarán, en su caso, por consenso”. Madrid alega que como siete comunidades autónomas votaron en contra, no existe tal consenso y por lo tanto el documento de medidas comunes no es válido.

Pero el Ministerio de Sanidad ha informado de que “dicho acuerdo es de obligado cumplimiento”. Y añade que “según el informe de la Abogacía General del Estado, así lo establece la legalidad vigente en base a los siguientes puntos:

  1. La norma aplicable en las votaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISN) es el artículo 151 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, que regula esta cuestión para todas las Conferencias Sectoriales (como el CISN). Esta ley señala que los acuerdos obligarán a todas las Comunidades Autónomas, aunque voten en contra, si el Estado ejerce competencias de coordinación, como es el caso.
  2. Esta Ley deroga todo aquello que resulte incompatible con ella, incluida la regulación establecida en el artículo 73 de la Ley 16/2003 de cohesión, que sólo prevé la adopción de acuerdos por consenso.

Mientras tanto, los cinco millones de madrileños a los que afectarían las medidas esperan el desenlace sin saber cuándo entrarán en vigor.

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