Un juez obliga a indemnizar con 60.000 euros un despido improcedente por Covid

Un juez obliga a indemnizar con 60.000 euros un despido improcedente por Covid
septiembre 03 09:48 2020

Un magistrado de Barcelona ha condenado a una empresa a indemnizar con 60.000 euros a un trabajador que fue despedido de forma improcedente a principios de abril, en pleno estado de alarma. La empresa contravino, de este modo, el decreto ley que prohibía echar a empleados por causas relacionadas con la crisis sanitaria.

En su sentencia, el titular del Juzgado de lo Social número 26 de Barcelona considera que la empresa lo hizo a sabiendas de que estaba llevando a cabo un despido improcedente, porque le compensaba la indemnización que pagaría, unos 4.219,22 euros, por el poco tiempo que llevaba trabajando el demandante, que fue contratado el 1 de octubre de 2019.

Una indemnización correspondiente a nueve meses de salario

En la carta de despido que la compañía remitió el pasado 2 de abril al demandante, cuya representación legal ejerce Comisiones Obreras, ésta esgrimía “causas objetivas de carácter organizativo” para justificar la extinción del contrato que, como la misma empresa admitió, eran “ajenas a la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia”.

Ante este hecho, remarca el magistrado, la cantidad a la que asciende la indemnización por despido improcedente “no ejerce efecto disuasorio alguno, no llegando a cubrir ni una mensualidad del salario del demandante”, de modo que contraviene el Convenio número 158 de la Organización Internacional del Trabajo.

Por ese motivo, ha decidido aumentar el monto y condenar a la compañía LSC Barcelona Reporting SL a que pague nueve meses de salario, equivalentes a 60.000 euros, al afectado, de nacionalidad argentina.

La sentencia tiene también en consideración que el trabajador emigró de Argentina a Barcelona a raíz de la oferta de empleo “para verse a los pocos meses, en plena pandemia, en la calle y sin ni siquiera cotización suficiente para acceder a la prestación contributiva de desempleo”.

Tras conocerse el fallo, Comisiones Obreras ha celebrado el resultado, pero ha alertado que la mayoría de señalamientos judiciales por asuntos similares se están marcando para 2022 debido a la saturación de los juzgados, lo que conlleva “la pérdida de derechos de defensa efectiva”.

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